Anonimización en el sector público: transparencia, sentencias y open data

La anonimización en el sector público es la fricción constante entre dos obligaciones: la Ley 19/2013 de Transparencia empuja a publicar, y el RGPD y la LOPDGDD exigen proteger los datos personales. En 2026, con portales de transparencia, open data y jurisprudencia abierta, anonimizar bien deja de ser opcional.

Qué obliga a anonimizar

• Ley 19/2013 de Transparencia (art. 15): la publicación no puede afectar a los derechos de terceros.
• RGPD (arts. 5, 6, 25) y LOPDGDD: minimización y protección desde el diseño.
• Directiva 2019/1024 y RD 24/2021 sobre reutilización de la información del sector público (open data).
• Criterios del CTBG y de la AEPD sobre publicación activa y ejercicio del derecho de acceso.

Casos de uso típicos

Sentencias y resoluciones administrativas

Deben publicarse anonimizando nombres, DNIs, direcciones, matrículas, datos de menores y de salud. Los tribunales usan iniciales o alias, pero en el resto del texto suelen quedar rastros.

Actas de plenos y órganos colegiados

Se publican en portales municipales. Hay que suprimir intervenciones que revelen datos personales de terceros no cargos públicos.

Contratos y expedientes

Publicidad activa exige transparencia pero no puede exponer datos personales de trabajadores, licitadores o proveedores más allá de lo estrictamente necesario.

Datasets abiertos

Estadísticas sanitarias, sociales, educativas. Requieren evaluación de reidentificación con fuentes externas antes de la publicación.

Portales de justicia y jurisprudencia

Grandes volúmenes que la anonimización manual no puede sostener sin retrasar la publicación.

Buenas prácticas

1. Política formal de anonimización aprobada por el DPD, con criterios por tipo de documento.
2. Catálogo de datos personales a suprimir por tipología (sentencia, contrato, acta, subvención).
3. Anonimización desde el diseño: aplicar antes de subir al portal, no después de una reclamación.
4. Revisión humana sobre lo detectado por IA cuando el impacto sea alto (menores, salud, violencia de género).
5. Registro auditable: qué se anonimizó, quién lo aprobó, con qué versión del modelo.
6. Evaluación de reidentificación en datasets, cruzando con fuentes públicas.
7. Formación del personal que gestiona el portal y del gabinete jurídico.

Errores típicos en administraciones

• Publicar PDFs escaneados sin OCR: parecen anonimizados pero el nombre sigue en la imagen.
• Confundir tachar visualmente con anonimizar.
• Anonimizar el nombre del funcionario y dejar visible su firma o su código de usuario.
• Publicar el mismo documento anonimizado y no anonimizado en versiones distintas.
• Automatizar sin una fase de revisión para documentos sensibles.

Cómo ayuda anonimIA a la Administración

anonimIA está diseñado para el sector público: detección automática de datos personales en sentencias, actas, contratos y expedientes; borrado real sobre la capa de texto; registro auditable exportable; y alojamiento europeo con soberanía del dato. El resultado es tiempo de publicación en minutos, no en días, y una traza defendible ante la AEPD o el CTBG.

Conclusión

Transparencia y protección de datos no son opuestos: exigen procesos claros, herramientas adecuadas y trazabilidad. Anonimizar bien permite al sector público publicar sin miedo y proteger a las personas sin renunciar al derecho de acceso a la información.